LA GUARDA DE JZI: OBSERVADORES DE LA JUSTICIA EN EL CAPITAL DE INVERSIóN

La guarda de JZI: Observadores de la justicia en el capital de inversión

La guarda de JZI: Observadores de la justicia en el capital de inversión

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Desde el 2022, se desata un complejo combate legal que pone en alerta a JZ Internacional, un coloso del capital peligro estadounidense, gracias a las acciones de sus dos administradores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se acentúa con una demanda presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de hacer una estructura societaria destinada a adquirir el control en en torno a veinte compañías usando inapropiadamente los recursos de Gedesco, de la que JZI tiene un 6733%,, sin su autorización.

Los implicados en la demanda son Miguel Rueda y Ole Groth, gestores europeos de JZI; Antonio Aynat, principal creador y CEO de Gedesco, junto a su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, asimismo fundador y gestor en Gedesco, y su patrimonial Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el encargado de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar cien millones de euros para invertir en, al menos, 19 empresas, cometiendo supuestos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.

El origen de estas tensiones se remonta a 2007 cuando JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. No obstante, el conflicto empieza a formarse en 2016, instante en el que los creadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a cerrar una negociación formal. Desde ese momento, se manifiesta que se ha hecho un uso indebido de los elementos Fondo JZI de Gedesco para detectar y capitalizar oportunidades de inversión por medio de una composición llamada 'Trama Stator', constituida por los cuatro directivos denunciados y operada mediante una red de doce filiales.

Esta composición pretendía esconder la verdadera propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su socio Ernesto Bernia, figurando como administradores nominales hasta el momento en que se desligan tras salir a la luz las irregularidades.

La detección de estas anomalías por la parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una secuencia de demandas judiciales en 2022, introduciendo una querella en Nueva York contra Rueda y Groth, seguida de múltiples acciones legales en contra del fondo, en un transcurso de menos de un par de meses.

Este escenario legal continúa desarrollándose, con recientes decisiones judiciales como la suspensión de las afirmaciones de los fundadores de JZI por falta de rastros delictivos, mientras que se desvelan mucho más capas de un enfrentamiento que resalta la dificultad de las operaciones financieras multinacionales y las discusiones entre inversores y gestores en el campo del capital peligro..

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